El gobierno uruguayo anunció una serie de modificaciones estructurales a la Ley N.º 18.795 de Vivienda Promovida- vigente desde 2011- con el objetivo de reorientar sus beneficios hacia sectores con mayores dificultades de acceso a una vivienda adecuada.
Esta ley ha sido clave para dinamizar la construcción en zonas urbanas, especialmente en Montevideo, mediante exoneraciones fiscales a desarrolladores inmobiliarios.
Desde su creación, el régimen promovió más de 60.000 viviendas, con más de 25.000 ya terminadas y otras 11.900 en obra. Sin embargo, la concentración de proyectos en zonas específicas y el predominio de unidades pequeñas (monoambientes y de un dormitorio) generaron críticas sobre su alcance social, aspectos que la actual administración se propone cambiar.
Se analizó que el régimen actual estaba beneficiando principalmente a sectores con capacidad de compra sin necesidad de incentivos estatales. Según datos presentados al Parlamento, el ingreso líquido mínimo para acceder a una vivienda promovida mediante crédito hipotecario ronda los $108.915 mensuales, lo que excluye a los quintiles más bajos de ingreso
Se prevé priorizar los proyectos que atiendan a la población de ingresos medios y medios-bajos, que tienen dificultad para el acceso a viviendas de calidad.
Para ello, se utilizará el programa “Entre Todos”, que tiene precios topeados y subsidios a la demanda -con ciertos cambios- pero que seguirá bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda.
Mientras tanto, el régimen tradicional de Vivienda Promovida pasará a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y los proyectos que se presenten serán evaluados por la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, nueva unidad ejecutora que unirá a la Comap (Comisión de aplicación de la ley de Inversiones) y a la Dirección Nacional de Zonas Francas, manteniendo los incentivos tributarios vigentes.
La gestión y promoción de los proyectos estará orientada a la atracción de inversión nacional y extranjera, y a la generación de empleo por la vía de estos desarrollos inmobiliarios.
Principales ajustes al régimen de Vivienda Promovida:
*Unificación del régimen de subsidios con el Sistema Público de Vivienda.
*Límite de escala: los proyectos no podrán superar las 100 unidades.
*Priorización de suelos con adecuada conexión a servicios públicos.
*Revisión del uso de la garantía SIGA “Entre Todos”, con foco en pequeñas empresas y proyectos en el interior del país.
*Cambio en vínculo con las familias: el Ministerio será el nexo entre desarrolladores y beneficiarios, eliminando la intermediación directa del empresario y comercializando las unidades por llamados del Ministerio de Vivienda.