El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó nuevas exigencias para depósitos, retiros y transferencias con dinero electrónico: las Instituciones Emisoras deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) operaciones en efectivo superiores a US$ 10.000, transferencias locales mayores a US$ 1.000 y todas las operaciones internacionales, sin importar el monto.
Principales disposiciones de la normativa
-Depósitos y retiros en efectivo
-Reporte obligatorio de operaciones superiores a US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.
-También deberán informarse transacciones menores a US$ 10.000 cuando, en conjunto, superen ese monto en un mismo instrumento de dinero electrónico durante un mes calendario.
-Transferencias y giros locales
-Reporte obligatorio de recepciones y entregas de fondos superiores a US$ 1.000, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada.
-Transferencias y giros internacionales
-Todas las operaciones deben informarse, sin importar el monto.
-Exclusiones
-Quedan fuera de esta obligación las operaciones realizadas con instrumentos de dinero electrónico destinados exclusivamente a alimentación.
Objetivos de la medida
Se busca fortalecer la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en línea con la Ley N° 19.574 y la reforma introducida por la Ley N° 20.469 (2026).
También en ese marco implementar la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2025-2030, que establece 22 objetivos concretos para mitigar riesgos.
Por otra parte, también adaptarse al creciente uso del dinero electrónico en Uruguay, que en 2025 registró más de 157 millones de operaciones, movilizando aproximadamente US$ 5.587 millones.
Impactos esperados
Estos pasan por lograr mayor transparencia en el sistema financiero digital.
Se busca también el Incremento en las obligaciones de las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), que deberán ajustar sus sistemas de monitoreo y reporte.
Lograr mayor supervisión de la UIAF del Banco Central, que recibirá información detallada sobre operaciones relevantes para detectar patrones sospechosos.
Riesgos y consideraciones
Sin duda la medida representa una carga administrativa adicional para las IEDE, que deberán implementar mecanismos de control más sofisticados.
Es muy posible el impacto en la experiencia del usuario, dado que las instituciones podrían reforzar procesos de verificación en operaciones de alto volumen.Lo que queda claro es el beneficio principal de estas medidas: reducción de vulnerabilidades frente al lavado de activos y financiamiento ilícito, alineando a Uruguay con estándares internacionales.